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Viernes - 20.Noviembre.2026

LSSI: El deber de retención de datos

Javier Hernández Martínez
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¿ Con qué finalidad se conservarán los datos ?

El fin de su conservación o retención no es otro que el de poder, en su caso, ser utilizados en el marco de una eventual investigación criminal, o para la salvaguardia de la seguridad pública y la defensa nacional. Como vemos, son, sobre todo los dos últimos elementos, conceptos bastante vagos y en extremo genéricos, lo cual le imprime cierta subjetividad, por lo que esperamos que las autoridades competentes no hagan una interpretación que vaya en contra de determinados derechos so excusa de defender determinados intereses.

Los datos de los que hablamos, y si se dan las circunstancias expresadas, se tendrán que poner a disposición de los Jueces o Tribunales, o incluso del Ministerio Fiscal, bastando para ella su mera petición por parte de dichos órganos. En el supuesto de que la comunicación se destine a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, habrá de tenerse en cuenta, y por tanto aplicarse, la normativa sobre protección de datos de carácter personal, representada hoy por hoy, en su aspecto troncal máximo – después de la Constitución, claro está -, por la LOPD.

¿ Qué falta todavía en la Ley ?

Como dijimos antes, no está aún en vigor esta obligación de retención, y ello por cuanto falta aún en esta Ley su reglamento de desarrollo, el cual, entre otras cosas, habrá que indicar qué categorías de datos habrá de conservarse, distinguiendo y matizando según sea el servicio que se preste. También habrá de expresarse el tiempo máximo de su retención, limitado por la LSSI a un año; habrá igualmente de regular las condiciones y el modo de su almacenaje, tratamiento y custodia, así como también el modo y manera en que se deberán entregar dichos datos a los órganos autorizados para su solicitud. Una vez transcurrido el plazo que en un futuro se regule, habrán de destruirse los mismos, salvo que fuese necesaria su conservación para algún fin previsto por la Ley.

¿ Qué no se menciona en esta Ley ?

Aunque pueda parecer un título un poco raro para este ítem o epígrafe, se observará con la explicación pertinente que no lo es tanto, pues sin saberse por qué, parece que casi todo el mundo ha olvidado lo que recoge el artículo 52 de la Ley General de Telecomunicaciones, el cual existe ya desde abril de 1998, y que en síntesis establece la obligación ( pendiente también – afortunadamente – de desarrollo reglamentario ) que cuando se usen mecanismos de cifrado para proteger la confidencialidad de la información, se notifique al Estado el algoritmo utilizado para ello o el procedimiento de encriptación utilizado, recayendo dicha obligación sobre los fabricantes que incorporen dichos mecanismos en sus equipos o aparatos, a los operadores que los usen en sus redes, y en su caso a los usuarios que los empleen. Todo ello quiere decir, ni más ni menos, que si se diese desarrollo reglamentario a este artículo, el Estado conocería – sin necesidad de razonamiento ni motivación alguna - en todo momento las claves utilizadas para enviar mensajes de forma cifrada, y ello por cuanto conocería los algoritmos o fórmulas usados para ello, o en su caso los procedimientos implicados en ello.
[Javier Hernández Martínez]
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Autor: Javier Hernández Martínez
15/12/2002
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