El proceso de reforma de la contabilidad pública ha logrado un importante avance en la normalización contable, así como en la ampliación de los fines y de los destinatarios de la información contable.
En las últimas décadas se ha producido un importante proceso de reforma de la contabilidad pública en España, que ha conducido a que esta materia tenga un alto grado de desarrollo en nuestro país en comparación con el de otros países de nuestro entorno.
Por una parte, se ha avanzado mucho en el objetivo de normalización contable, mediante la definición de criterios contables homogéneos para conseguir que las cuentas anuales elaboradas por las distintas entidades contables sean comparables entre sí.
Por otra parte, se han ampliado los fines y los destinatarios de la información contable. Mientras que en la contabilidad pública tradicional se venían persiguiendo fines de control, centrados en el seguimiento de la ejecución del presupuesto, y los destinatarios de la información contable eran básicamente los órganos que ejercían el control interno y externo, en el momento actual, con una contabilidad pública más moderna, se persiguen objetivos más variados, no sólo de control, sino también de gestión y de análisis y divulgación. Asimismo, se han ampliado los destinatarios a los que va dirigida la información contable y actualmente se consideran como posibles usuarios de ésta a los acreedores, los intermediarios financieros, las entidades públicas y privadas, las asociaciones y los ciudadanos, en general.
El Plan General de Contabilidad Pública
Para conseguir el objetivo de la normalización de la contabilidad pública, el instrumento que se ha utilizado en España con carácter preferente ha sido el Plan General de Contabilidad Pública (PGCP). La competencia para la aprobación de dicho Plan corresponde al Ministerio de Hacienda, a propuesta de la Intervención General de la Administración del Estado.
El PGCP vigente se aprobó, mediante Orden Ministerial de 6 de mayo de 1994 [1], como un plan contable marco para todas las Administraciones Públicas, que son aquellas entidades del sector público cuya actividad principal consiste en la producción no de mercado de bienes y servicios destinados al consumo individual o colectivo y/o que efectúan operaciones de redistribución de la renta y de la riqueza individual, en todo caso sin ánimo de lucro, y que no se financian mayoritariamente con ingresos comerciales.
El PGCP no presenta el mismo grado de implantación en todas las Administraciones Públicas. Así, mientras que en el ámbito del sector público estatal se aplica de forma obligatoria desde el 1 de enero de 1995, en las comunidades autónomas su aplicación se ha ido produciendo de forma paulatina, a medida que la han ido regulando las propias Administraciones autonómicas, que son las que tienen atribuida la competencia en dicha materia.
Por lo que se refiere al sector público local, el régimen contable actual está regulado en dos Órdenes del Ministerio de Economía y Hacienda de 17 de julio de 1990, que aprobaron las Instrucciones de Contabilidad para la Administración Local, una de las cuales establecía el modelo normal y la otra el modelo simplificado para las entidades locales con menos de 5.000 habitantes. Próximamente, dentro de la reforma del régimen contable local, a la que se hace referencia en otro apartado de este trabajo, se abordará su necesaria adaptación al PGCP de 1994.
Marco conceptual
En la contabilidad de las Administraciones Públicas han tenido gran importancia los trabajos desarrollados a iniciativa de la Intervención General de la Administración del Estado para el estudio de los principios contables públicos, como base para la elaboración de un marco conceptual de la contabilidad pública.
Los documentos elaborados por la Comisión de Principios y Normas Contables Públicas [2], órgano creado en el seno del Ministerio de Hacienda e integrado por expertos de la contabilidad pública, constituyen un marco de referencia obligado en el que se incluyen los criterios que deben seguir las Administraciones Públicas para el registro de las operaciones y para la presentación de la información contable. Dichos criterios han constituido una base sólida para la elaboración del PGCP.
Sistemas integrados de información contable
De acuerdo con el principio de registro incluido en la primera parte del PGCP, el registro de los hechos debe efectuarse mediante los procedimientos técnicos más adecuados a la organización de la entidad contable, de forma que se garantice la coherencia interna de la información.
En línea con dicha recomendación, la mayoría de las Administraciones Públicas ha implantado en los últimos años sistemas integrados de información contable que permiten el tratamiento contable de forma integrada de los datos de todas sus operaciones de naturaleza económica, así como su registro, tanto desde el punto de vista económico-patrimonial como desde el punto de vista presupuestario.
Normalización contable con la contabilidad empresarial
El PGCP ha tomado como modelo el Plan General de Contabilidad para la empresa española (PGC), aprobado mediante Real Decreto 1643/1990, de 20 de diciembre, con el fin de conseguir la normalización contable no sólo entre las Administraciones Públicas, sino también, en la medida de lo posible, entre éstas y las empresas.
La principal diferencia entre ambos planes de contabilidad se centra en los criterios de registro y estados de las cuentas anuales relativos a las operaciones de ejecución del presupuesto, que figuran en el PGCP y no en el PGC. En todo lo que no se refiere a las referencias presupuestarias, es decir, en los aspectos económico-patrimoniales, las diferencias entre ambos planes no son muy destacadas.
Se considera que se debe seguir manteniendo el objetivo anterior en la evolución futura de la contabilidad pública, es decir, conseguir que sus criterios estén armonizados hasta el máximo posible con los de la contabilidad empresarial, si bien es conveniente seguir manteniendo el modelo contable público actual, que da criterios de una forma integrada para el registro de las operaciones y para la elaboración de la información que hay que rendir tanto desde el punto de vista económico-patrimonial como desde la perspectiva presupuestaria.